Introducción: El frío y el plomo
La Patagonia no perdona a los solitarios, pero lo que ocurrió en el crudo invierno de 1982 en la estancia "Las Horquetas" no fue obra del clima ni de la hostilidad del terreno. Fue una ejecución milimétrica, quirúrgica y planificada para el silencio. A unos cuarenta kilómetros de la Ruta Nacional 3, en un rincón olvidado de la provincia de Santa Cruz donde el viento constante dobla los calafates y triza las rocas, la familia Gilman llevaba una vida de trabajo riguroso, austeridad y aislamiento voluntario. Ernesto Gilman, de 54 años, su esposa Elena, de 48, y sus dos hijos adolescentes —un varón de 16 y una chica de 14— administraban un campo ovino mediano con la disciplina típica de quienes hacen de la estepa su hogar. No tenían enemigos conocidos, no arrastraban deudas ni disputas de tierras con estancias linderas. Eran, para los pocos puesteros de los mapas vecinales fijos, gente de campo transparente.
Sin embargo, la geografía que eligieron para vivir se convirtió en su propia trampa. A principios de agosto de 1982, en una región profundamente marcada por la vulnerabilidad de las comunicaciones y el peso del aislamiento invernal, el destino de los Gilman se detuvo en seco. Un camión de la intendencia militar que recorría la zona para el reparto logístico y de víveres divisó desde la distancia una anomalía que en el campo equivale a una alarma: los animales estaban dispersos, famélicos, rompiendo los alambrados en busca de pasto, y de la chimenea de la casa principal no salía el hilo de humo blanco que delataba la vida en el interior. Al ingresar a la vivienda, los oficiales se toparon con una escena dantesca que desafiaba cualquier lógica delictiva común. No había desorden, las aberturas no habían sido forzadas y los objetos de valor permanecían intactos en sus lugares. En el comedor principal, los cuatro integrantes de la familia estaban sentados a la mesa, congelados por el frío extremo del invierno patagónico, cada uno con un disparo preciso en la nuca. Los platos seguían servidos con un guiso de cordero que nunca llegaron a terminar; el tiempo se había petrificado a la hora de la cena. Alguien había entrado con total familiaridad, los había obligado a mantener la posición y los había ejecutado, uno a uno, por la espalda.
El escenario del crimen y el cerco militar
Cuando los peritos policiales de la época —fuertemente condicionados por la intervención de las autoridades de facto— ingresaron a la propiedad, el análisis técnico sumó más dudas que certezas. El tiro de gracia en la base del cráneo presentaba las características de una ejecución sumaria. No existían signos de resistencia por parte de Ernesto Gilman, un hombre de contextura robusta acostumbrado a las faenas duras del campo, lo que reforzó la hipótesis de que los asesinos contaban con un factor de autoridad o de confianza extrema que les permitió ingresar a la vivienda sin levantar sospechas.
Las pericias balísticas preliminares revelaron un dato fundamental que sellaría el destino judicial de la causa: los proyectiles extraídos pertenecían a munición calibre 9mm de la marca FM (Fabricaciones Militares), un tipo de cartucho y armamento de uso reglamentario y exclusivo para las fuerzas armadas y de seguridad en aquel período. Los impactos limpios en la mampostería posterior confirmaron que las víctimas ni siquiera intentaron levantarse de sus sillas. El asesino, o los asesinos, se movieron detrás de ellos con una parsimonia aterradora mientras la familia miraba fijamente sus platos.
Las hipótesis de una investigación amordazada
Con la región en estado de alerta y bajo un cerrado secreto de sumario impuesto desde la gobernación militar, la investigación oficial nació muerta. No se tomaron huellas dactilares de manera rigurosa bajo el pretexto de que el frío extremo había alterado las superficies, y las muestras de la escena se manipularon con una negligencia que parecía deliberada. Ante el vacío legal, el periodismo local y los pocos investigadores independientes que intentaron reconstruir el rompecabezas apuntaron a dos líneas de investigación que la justicia prefirió ignorar:
La teoría de los radares y el secreto de la tierra: Meses antes de la masacre, la jefatura del área militar local había iniciado un relevamiento para instalar puestos de observación, depósitos de combustible subterráneos y radares de alerta temprana en campos privados cercanos a la costa y a las rutas logísticas. Ernesto Gilman se había negado rotundamente a firmar las actas de cesión temporal y las autorizaciones para que personal militar ocupara de forma permanente una franja de su lote. Vecinos de la zona declararon, años más tarde, haber presenciado fuertes discusiones entre Gilman y oficiales de alto rango semanas antes del invierno. El campo de los Gilman, estratégicamente ubicado, se convirtió en un obstáculo civil en medio de una lógica de guerra.
El refugio clandestino de desertores: Otra hipótesis apuntaba a que la estancia, debido a su aislamiento, había sido asaltada por un grupo irregular o personal desertor del conflicto bélico que buscaba refugio de la conscripción y provisiones para huir hacia la frontera chilena. Sin embargo, esta teoría se desmoronaba ante un hecho incontrastable: los asesinos no se llevaron las camionetas de la familia, las provisiones del galpón ni los caballos. Solo buscaban la muerte de los Gilman; no su supervivencia.
El tratamiento del caso en los medios de comunicación de la época fue elocuente: apenas un par de líneas en las páginas policiales interiores de los diarios provinciales bajo títulos genéricos como "Tragedia familiar en el sur" o "Muerte por hipotermia en investigación", desviando la atención pública de la naturaleza balística y criminal del hecho.
El archivo del expediente y el eco en la estepa
El retorno de la democracia en 1983 abrió una breve ventana de esperanza para la resolución del crimen. Con la reorganización de los tribunales de Santa Cruz, un nuevo juez civil intentó retomar el expediente, pero se encontró con un muro de arena. Los libros de guardia de la patrulla militar de agosto de 1982 en el sector de Fitz Roy habían desaparecido misteriosamente durante la transición institucional, y los casquillos originales recuperados del comedor de la estancia se habían "extraviado" en el depósito de pruebas de la jefatura policial.
Sin material genético, sin armas que cotejar y con los principales sospechosos de la cadena de mandos protegidos por el traslado o el retiro, la causa se estancó definitivamente. En 1985, el expediente fue archivado bajo la carátula formal de "homicidio múltiple por autores desconocidos", un eufemismo legal para decretar la impunidad perpetua.
Hoy, los cuerpos de Ernesto, Elena y sus dos hijos descansan en el sector antiguo del cementerio de Puerto Deseado, bajo cruces de hierro corroídas por el salitre del Atlántico que casi nadie visita. La estancia "Las Horquetas" sufrió el destino típico de los escenarios del horror en la Patagonia: fue abandonada por completo. Los techos de chapa se desprendieron con los temporales, las maderas de los galpones fueron desmanteladas por camioneros y buscadores de leña, y la vegetación achaparrada de la estepa comenzó a colonizar los cimientos. Solo queda en pie la estructura de la chimenea de piedra, aquella que en el invierno de 1982 dejó de emitir humo para avisar que la muerte se había instalado a la mesa.
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La cocina donde encontraron a los cuerpos.
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